El Congreso de los Diputados aprobó ayer (23/3/2010) la Proposición de Ley presentada por CiU para la modificación de la Ley 3/2004, que permitirá a las empresas cobrar con mayor prontitud, tanto de las administraciones públicas como de otras empresas privadas.

Finalmente, las empresas tendrán que pagar a 60 días y las empresas públicas a 30 días a partir de 2013, estos objetivos se alcanzarán de forma escalonada en los próximos tres años

También destaca la declaración como nula de todas las cláusulas de los contratas que contravengan lo dispuesto en la ley o sean considerada como "abusivas". Asimismo, se articulará un nuevo procedimiento judicial de reclamación en el caso de las administraciones públicas, así como de un observatorio de morosidad dependiente del ministerio de Industria.